Con factura y sin cuenta sueldo. ¿En qué casos se puede considerar que alguien que presta servicios para una empresa, para una entidad o para el Estado es cuentapropista ( monotributista o autónomo) y no asalariado? El debate volvió a tomar protagonismo entre los abogados dedicados a la materia laboral cuando, a fines de abril, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia referida a la demanda de un médico contra una institución de salud a la que le facturaba.
La decisión de los jueces supremos fue revertir el fallo de segunda instancia y liberar de culpa a la entidad acusada de esconder una relación laboral, por los rasgos que, según se dice, tenía el caso. Así, en la resolución de la causa "Rica, Carlos Martín c/ Hospital Alemán y otros s/despido", el tribunal recuerda que les había advertido a los magistrados del fuero laboral "que deben estudiar en forma minuciosa las características de la relación existente entre el profesional médico y la institución hospitalaria, a los efectos de dar una correcta solución al litigio".
Más allá de los casos del sector de la salud (la Corte ya se había pronunciado, en igual sentido que en este reclamo, ante el de un anestesista del Hospital Italiano), lo cierto es que, según abogados consultados por LA NACION, lo resuelto deja elementos para el debate en otros ámbitos de la actividad, en los que ejercen tareas trabajadores profesionales y no profesionales.
"Aunque no son casos típicos de una empresa comercial, estos fallos tienen impacto respecto de la idea generalizada de que es muy difícil que un tribunal en la Argentina establezca que no existe relación laboral", afirma María Teresa Alonso Pardo, profesora de Derecho Laboral en la Universidad de San Andrés. Los jueces advierten, observa también, que la presunción de relación laboral a la que se refiere la ley de contrato de trabajo en su artículo 23, "puede ser refutada cuando existen suficientes elementos de prueba, tanto pruebas documentales como testigos".
En línea con esa lectura, el abogado Álvaro Galli, del estudio Béccar Varela, sostiene que "la Corte marca una clara posición en contra de una creencia ideológica, muy enquistada en la Justicia Laboral, según la cual toda persona que presta un servicio debe ser considerada empleada y todo el que lo recibe debe ser considerado empleador".
Desde una visión diferente, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, lamenta los argumentos de los jueces supremos, que podrían tomarse como criterios para otros casos. "Se dice, por ejemplo, que si el médico aceptó [la condición de facturar], después no puede reclamar. Pero en realidad, el derecho laboral suplanta la voluntad personal, porque reconoce que las partes de una relación no son iguales", afirma. Y agrega que, por lo general, no se plantean reclamos durante la etapa de trabajo (sino luego de que el vínculo terminó), porque la persona teme quedarse sin su fuente de ingresos.
Según Cremonte, "no se puede mirar el tema laboral con la óptica del Código Civil", que es lo que hace la Corte al remitirse al contrato de locación de servicios.
Para que exista una relación de dependencia, dice el abogado, deben darse tres condiciones: una técnica (que alguien le diga al trabajador qué hacer), una económica (que haya un ingreso) y una jurídica (que exista un contrato, aspecto que es el que presenta los rasgos más difusos).
Invocando esas tres cuestiones, en el fallo referido al médico del Hospital Alemán la Corte menciona que la parte demandada argumentó la no existencia de un vínculo de subordinación. La institución se defiende señalando que el único control que ejercía "consistía en contabilizar las consultas y prestaciones brindadas en el mes [por el médico demandante] a los efectos de abonarle los honorarios".
Así, la Corte rechazó la visión de los jueces de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo respecto de que "el contrato de locación de servicio no existe más en ningún ámbito del derecho" porque "el trabajo no es una mercancía". El fallo que había ido en contra del hospital había argumentado que las firmas de convenios con los médicos por servicios facturados eran "actos fraudulentos contrarios al orden público laboral".
Sin embargo, en la instancia superior esa afirmación fue rechazada y se señaló que están vigentes los contratos de locación de servicios regidos por el Código Civil, a los que se define como típicos y habituales en el ámbito de los servicios profesionales. La Corte afirma también que el tribunal que le dio la razón al médico "omitió por completo considerar las particularidades de la relación".
Si se acepta esa regla, entonces la observación particular de cada caso permitiría definir la existencia o no de un uso indebido de las modalidades de contratar. "Los fallos de la Corte de ninguna manera impiden que la Justicia Laboral sancione los casos en los cuales se verifica un fraude en la contratación de empleados; lo que se impone a los jueces es que analicen cada caso, evalúen las pruebas y admitan la posibilidad de que haya personas vinculadas con las empresas mediante una modalidad distinta a una relación laboral", afirma Galli.
Pero, ¿debería establecer una ley cuáles son los aspectos que concretamente diferencian a una relación laboral asalariada de una locación de servicios?
Para el abogado Luis Discenza, socio del estudio AMZ & Asociados, dar una definición en ese sentido era un aspecto positivo de la reforma de las leyes del trabajo que, en 2017, había enviado el Poder Ejecutivo al Congreso. El punto no fue incluido, sin embargo, en los proyectos que, en un nuevo intento de que el tema laboral sea considerado por los legisladores, llegaron desde el Poder Ejecutivo al Legislativo a fines de abril pasado.
¿En qué consistía el cambio antes previsto? Se proponía crear la figura del "trabajador autónomo económicamente vinculado", entendiendo por tal a quien prestara servicios a una persona física o jurídica por menos de 22 horas a la semana y facturándole menos del 80% del ingreso anual. Con el cumplimiento de esos requisitos, los servicios prestados quedarían fuera del alcance de la legislación laboral. "Así, se fijaría con claridad el corte para determinar si un profesional se desempeña como autónomo o dependiente", evalúa Discenza.
La cuestión abre otros debates no menores, como el de las jubilaciones, según advierte el abogado previsional Federico Despoulis Netri. "Quienes cobran como autónomos, cuando lleguen al retiro tendrán un impacto fuerte, dada la baja relación entre el ingreso activo y el ingreso pasivo", dice. Un impacto mucho más fuerte que el que pueden sentir los asalariados.
Es que la discusión no solo cruza los ámbitos del derecho civil y laboral, sino también del previsional. Y por ahora, las gestiones por una reforma jubilatoria de fondo siguen demoradas.